Articulo Original
https://doi.org/10.22463/25909215.3344

Participación escolar: la escuela como centro para garantizar democracias sostenibles

School participation: the school at the center of ensuring sustainable democracies

María del Socorro Ordóñez-Santos1*


1* Magíster en Educación y Desarrollo Humano , mamacoco0673@gmail.com . ORCID: 0000-0002-3022-0165. Directivo docente Municipio de Cali; Cali, Colombia.


Como citar: M.del Socorro Ordóñez-Santos, “Comprender la educación inclusiva al margen del ámbito clínico: una reflexión crítica para el caso colombiano”. Perspectivas, vol. 7, no. 1, pp. 134-146, 2022.

© Peer review is the responsibility of the Universidad Francisco de Paula Santander.This is an article under the license CC BY 4.0

*Autor para correspondencia mamacoco0673@gmail.com (María del Socorro Ordóñez-Santos)


Received: October 15, 2021 Approved: November 28, 2021.


Keywords

School Governance; Democracy; Sustainability; Civic Participation; School; Rights; Citizen.


Abstract

In today's increasingly complex and diverse world, it is necessary to redefine the meaning of participatory democracy and revalue the status of the citizen. Extremist movements, violence, racism, xenophobia and social exclusion threaten democracies, in addition to the challenges of globalization and far-reaching technological developments. Thus, each individual has a vital role to play in achieving democratic stability and peace in society, but these challenges are just as important in the classroom. They demand a new understanding of the rights and responsibilities of future citizens.

This reflective article analyzes school participation as an important and timely contribution to the emerging debate on the value of educating citizens and communities to empower them to participate in democratic change. It will argue, from the perspective of political sustainability, that education should reinvent learners as future citizens and as contributors to the democratic communities in which they live and work, demonstrating that democratic participation in school settings can provide a real means to enable members of different communities to learn to respect and value each other, thus ensuring the construction of inclusive and participatory democracies, especially those that can heal the ravages of capitalism and lay the foundations for a new society.


Palabras claves

Gobierno Escolar; Democracia; Sostenibilidad; Participación Cívica; Escuela; Derechos; Ciudadano.


Resumen

En el mundo actual, cada vez más complejo y diverso, se hace necesario redefinir el significado de la democracia participativa y revalorizar el estatus del ciudadano. Los movimientos extremistas, la violencia, el racismo, la xenofobia y la exclusión social amenazan a las democracias, además de los desafíos de la globalización y los desarrollos tecnológicos de gran alcance. Por ello, cada individuo tiene un papel vital que desempeñar para lograr la estabilidad democrática y la paz en la sociedad, pero estos retos son igual de importantes en las aulas. Exigen una nueva comprensión de los derechos y responsabilidades de los futuros ciudadanos.

En este artículo se analiza la participación escolar como una contribución relevante y oportuna al debate emergente en torno al valor de educar a los ciudadanos y las comunidades con el fin de empoderarnos para participar en el cambio democrático. Para ello se argumenta, desde la perspectiva de la sostenibilidad política, que la educación deberá reinventar a los educandos como futuros ciudadanos y como cooperadores de las comunidades democráticas en las que viven y trabajan, demostrando que la participación democrática en entornos escolares puede proporcionar un medio real para permitir que los miembros de diferentes comunidades aprendan a respetarse y valorarse unos a otros, garantizando así la construcción de democracias inclusivas y participativas, especialmente aquellas que pueden curar los estragos del capitalismo y sentar las bases para una nueva sociedad.


Introducción

La globalización es un proceso complejo y controvertido. Ha cambiado el mundo de muchas formas y ha unido a varios países. Sin embargo, además de unir a los países de alguna manera, también los ha separado, y uno de los cambios más controvertidos que ha realizado es en la cultura política de muchos países del mundo, y por ello la democratización y la globalización son los dos desarrollos más profundamente importantes de nuestra época.

Los teóricos de la globalización han hecho hincapié en las "nuevas" maneras en que el Estado-nación individual se ve influido por el orden mundial internacional (Verjel Sánchez, 2019). A grandes rasgos, estas pueden considerarse en relación con las categorías económica, cultural y política, cada una de las cuales está interrelacionada (Le & Ozturk, 2020). Además, las diferentes formas de globalización han sido moldeadas por el progreso tecnológico. Así, el rápido desarrollo en los últimos 30 años de las tecnologías de la comunicación y el transporte ha reducido la posibilidad de que los Estados nacionales mantengan políticas económicas separadas (Deeg, 2017).

Como consecuencia de estas transformaciones, la globalización desafía potencialmente el supuesto de congruencia entre los tomadores de decisiones y los tomadores de decisiones inherente a la teoría democrática moderna, la cual transmite la noción de que la democracia está, principalmente, ligada a un territorio delimitado. La globalización de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales conduce a una expansión de las interdependencias más allá de las fronteras nacionales, deshaciendo así el vínculo entre las comunidades políticas nacionales y los estados territoriales que ha sido crucial para la democracia liberal moderna (Meine, 2021).

Si bien la globalización, al extender la idea de democracia, ha ayudado a liberar a la ciudadanía de muchos yugos dictatoriales, también representa el peligro de que se imponga desde el exterior y desde arriba un modelo de democracia de "talla única" (O’Donell, 2007). Actualmente, vivimos en la sociedad de la información, y la sociedad de la información, a su vez, se basa en redes, una nueva manera menos jerárquica de estructurar las organizaciones y en la que la nueva moneda del ámbito es el conocimiento y la capacidad para manejarlo.

Por lo tanto, la cuestión de la educación democrática es particularmente relevante. La educación, a través de su instrucción, práctica y compromiso, debe contribuir a un proyecto muy propio de nuestro tiempo, el de sustituir una autoridad de tipo mecánico y administrativo por un proceso de toma de decisiones vivo y democrático, pues cualesquiera que sean las reglas, formas y costumbres a través de las cuales este o aquel país aplique los principios de la democracia, la vida democrática presupone necesariamente el debate de ideas y el enfrentamiento de opiniones (Jaimes Márquez, Galvis Velandia & Gûiza Castellanos, 2019).

La participación y democracia escolar no pueden existir en el vacío de una escuela. Son parte de un ecosistema que se conecta directamente con los alumnos, docentes, padres y las comunidades políticas, siendo los sistemas de participación escolar herramientas para aumentar la comprensión política, la motivación y las habilidades de los procesos democráticos.

El presente artículo de reflexión insta a los educadores, educadores, legisladores y políticos a ir más allá de un enfoque exclusivo en la enseñanza de la ciudadanía hacia una perspectiva que reconozca los procesos y prácticas en curso del aprendizaje cívico en la escuela y la sociedad. Esto no solo es importante para comprender las complejidades de dicho aprendizaje. También puede ayudar a formular expectativas más realistas sobre lo que las escuelas y otras instituciones educativas pueden contribuir a la promoción de las democracias sostenibles.

Estado-nación y democracia en el siglo XXI: retos y perspectivas

Los filósofos, los historiadores y los politólogos han debatido durante mucho tiempo qué concepciones de la ciudadanía harían avanzar mejor la democracia. De hecho, las concepciones de la democracia y la ciudadanía han sido y probablemente siempre serán objeto de debate; ninguna formulación triunfará. La obra de John Dewey, por ejemplo, que probablemente ha sido la que más ha contribuido a dar forma a los diálogos sobre educación y democracia, no ha conducido a una resolución (Renier, 2016). Más bien, los académicos y los profesionales interpretan sus ideas de múltiples maneras, por lo que no surge una concepción única (Palacios Rozo, Ortiz Quevedo, Núñez Uribe & Porras Rojas 2019). En gran parte, la discusión y el debate sobre estas diferentes perspectivas continúan porque son varios los retos para su comprensión.

A efectos de clasificación, se han identificado cuatro de los retos más severos desde los Tratados de Westfalia de 1648 (esto estableció un sistema mundial de estados nación entre las principales naciones europeas, y legitimó los esfuerzos de los gobernantes por consolidar sus territorios bajo nuevas formas seculares de administración y símbolos nacionales). Se pueden describir estos cuatro retos como los de: la globalización; la gobernanza supranacional; la fragmentación territorial nacional y la apatía política, y el "estilo de vida".

En primer lugar, la globalización se refiere generalmente a los procesos de integración económica mundial que son posibles gracias a las tecnologías de la comunicación y la información que conducen a flujos casi instantáneos de finanzas, y de bienes y servicios, por todo el planeta (Reich, 1998). En el centro de estos procesos se encuentran las grandes corporaciones multinacionales, cuyas operaciones abarcan muchos países y que, a menudo se argumenta, toman decisiones de localización de inversiones según sus propios intereses corporativos, y sobre la base de cómo estos se ven favorecidos (o no) por las políticas "amistosas" (o no) de los estados nacionales.

Dado que los Estados-nación dependen de estas empresas para el desarrollo económico de sus poblaciones, algunos consideran que los gobiernos se ven obligados a adoptar políticas como la de los bajos impuestos a las empresas y a las personas físicas, y la de los mínimos derechos sindicales, que atraen los fondos internos de estas organizaciones (Youngs, 2004). Uno de los resultados, según esta opinión, es que el Estado pierde su soberanía y la independencia para elaborar políticas sobre la base del apoyo electoral y su visión del bienestar interno.

Adicionalmente, surge un sistema peculiar en el que los problemas de países, naciones, regiones y otros sujetos separados (corporaciones, diferentes asociaciones, holdings mediáticos globales, etc.) se entrelazan en una maraña, y los acontecimientos y conflictos locales separados influyen en un gran número de países. Al mismo tiempo, las decisiones en los centros más significativos del mundo tienen un efecto sobre todos los destinos. En general, los procesos de globalización en el sentido más amplio se caracterizan por la brusca intensificación y complicación de los contactos mutuos en las ramas básicas de la vida económica, política y social, ganando escalas planetarias. Muchos fenómenos, tanto positivos como negativos, adquieren también un carácter global, por ejemplo, la lucha por la preservación del medio ambiente (Copeland et al., 2021) o los cárteles de la droga (Sabatino, 2016).

En segundo lugar, es posible que los Estados nacionales están perdiendo más poderes soberanos en favor de otros niveles de gobierno. Las formas "supranacionales" de gobierno se encuentran tanto en el ámbito regional (un área de varios países) como en el mundial. El modelo más sólido de integración económica, jurídica y política a nivel regional es la Unión Europea (UE). Aunque la UE no es un Estado, sus reglamentos y directivas en una serie de competencias tienen prioridad jurídica sobre los de los gobiernos nacionales (Albuquerque et al., 1999). En busca de las ventajas económicas de un mercado común de bienes y servicios, y de otros beneficios, los gobiernos han "puesto en común" varias de sus competencias.

En tercer lugar, aunque las cuestiones de la globalización y la gobernanza supranacional plantean la cuestión de si la soberanía y las capacidades de los Estados-nación se ven considerablemente en riesgo por los procesos externos, los Estados-nación también se enfrentan a desafíos dentro de sus territorios, normalmente basados en afirmaciones de lejanía y falta de sensibilidad hacia los problemas locales. Esto puede estar fundado en antiguos sentimientos de nacionalismo u otros fuertes sentidos de identidad regional. Pero, al menos, estos desafíos descentralistas suelen expresar una forma de compromiso con los procesos políticos convencionales (Qvortrup, 2020).

No está claro por qué está disminuyendo la participación en la política democrática y por qué los gobiernos se consideran malos. Algunos han culpado a los políticos y la corrupción (Giommoni, 2021; Forero-Salcedo, 2019)), pero los políticos y los funcionarios culpan al surgimiento de los medios de comunicación agresivos y, a menudo, despectivos. El estado y sus preocupaciones pueden haber causado mucho aburrimiento a la mayoría de la gente: el lenguaje político y los ritos parlamentarios se expresan más que nunca a través de la cobertura televisiva regular. Ampliar los distintos tipos de oportunidades de ocio puede parecer demasiado tentador. Si estas tendencias continúan, existe el riesgo de que la legitimidad del Estado y la sostenibilidad de la democracia se vea seriamente destruida.

Esto lleva a un cuarto y último desafío, el cual constituye el eje central del presente artículo: los ciudadanos no solo tienen muchas más formas de ocio que las que ofrece la política estatal con las que preocuparse, sino que las preocupaciones que más les importan no parecen "públicas" sino "individuales", situaciones que retrasan la participación ciudadana en los procesos democráticos, aun cuando la educación cívica en la sociedad civil es un requisito previo para comprender dónde se encuentra el poder y cómo inspeccionarlo.

La globalización desafía la capacidad de la administración pública contemporánea para fomentar la participación ciudadana. Esta complejidad plantea nuevos desafíos a la administración pública y una crisis de gobernabilidad generalizada, ya que está provocando cambios radicales en el carácter de la administración pública y el comportamiento de los ciudadanos y un declive de la autoridad y la legitimidad (Zürn, 2004).

La educación cívica, por lo tanto, debería ser una preocupación primordial. No hay tarea más importante que el desarrollo de una ciudadanía informada, eficaz y responsable. Las democracias son sostenidas por ciudadanos que tienen los conocimientos, habilidades y disposiciones necesarias. Sin un compromiso razonado por parte de sus ciudadanos con los valores y principios fundamentales de la democracia, una sociedad libre y abierta no puede tener éxito. Por lo tanto, es imperativo que los educadores, los formuladores de políticas y los miembros de la sociedad civil defiendan el caso y soliciten el apoyo de la educación cívica de todos los segmentos de la sociedad y de la más amplia gama de instituciones educativas y gobiernos (Rincón-Ramírez, 2017).

La educación cívica y el aprendizaje de la democracia al interior de la escuela

La educación cívica tiene que cumplir el objetivo de la madurez política y la independencia del ciudadano en un sistema democrático, pero cuando se trata de la madurez política, hay que tener en cuenta los cuatro grupos de ciudadanos según Yoldaş (2015): En primer lugar, el grupo apático está formado por personas que rara vez se ocupan de la política o que muy raramente votan en las elecciones. Pueden considerarse un reto para la educación y la formación cívica. En segundo punto, las personas bien informadas y juiciosas que están muy interesadas en la política. Están bien informados sobre la vida política y no son fácilmente manipulables. Fuera de las elecciones y el voto, no muestran una participación activa en la política. En tercer lugar, los ciudadanos capacitados tienen conocimiento de las oportunidades de participación política y son capaces de emitir un juicio político racional. El último grupo está formado por ciudadanos que participan activamente en la política. Son miembros de un partido, participan en partidos políticos, grupos de interés o grupos de acción.

Sin embargo, cualquiera que sea el nivel de madurez política, la educación cívica desempeña un papel relevante en la disposición de los ciudadanos hacia los procesos democráticos. Es por ello que, como una de las pocas instituciones sociales presentes en prácticamente todas las naciones del mundo, las escuelas pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la canalización de un mayor compromiso cívico (Torney-Purta, 2002). Pueden hacer esto ayudando a los jóvenes a desarrollar y practicar el conocimiento, las creencias y los comportamientos necesarios para participar en la vida cívica.

Las escuelas también pueden brindar directamente oportunidades para la participación cívica como una institución local que conecta a jóvenes y actores políticos en toda la comunidad. Para hacer esto, el aprendizaje cívico debe ser parte integral del movimiento educativo actual para equipar a los jóvenes con las habilidades del siglo XXI (Bialik et al., 2015), ya que, en una democracia, los valores son fundamentales para ayudar a los jóvenes a desarrollar las disposiciones necesarias para participar activamente en la vida cívica y mantener las normas por las que los ciudadanos debaten y deciden sus diferencias (Yances Padilla & Sierra Pineda, 2019). La propia naturaleza de desarrollar y mantener una norma social significa que se necesita una experiencia compartida o común en todas las escuelas.

En este sentido, se sugiere que la educación cívica incluya un enfoque a partir de: (a) Los conocimientos y habilidades cívicas, donde los jóvenes adquieren una comprensión de los procesos de gobierno, las ideologías políticas predominantes, los derechos cívicos y constitucionales, y la historia y herencia de los anteriores. (b) Los valores cívicos para que los jóvenes adquieran un aprecio por el discurso civil, la libertad de expresión y el compromiso con aquellos cuyas perspectivas difieren de las suyas. Y aún más importante, (c) los comportamientos cívicos, donde los estudiantes desarrollan la agencia cívica y la confianza para votar, ofrecerse como actores políticos a sus instituciones educativas, asistir a reuniones e involucrarse con sus comunidades.

Sin embargo, para desarrollar habilidades, valores y comportamientos cívicos al interior de la escuela, estas deben ofrecer a los estudiantes experiencias de participación democrática informada, ya sea dentro o fuera del aula. Al respecto, de Groot & Lo (2020) indica que tanto en las escuelas como en las sociedades en general, la democracia puede aprenderse o desaprenderse. Así, el aprendizaje de la democracia implica que las personas tienen experiencias positivas y empoderadoras con las prácticas democráticas. Desaprender la democracia, por otro lado, implica que las personas carecen de oportunidades para participar en prácticas democráticas o sufren otros defectos de los procedimientos, prácticas y narrativas democráticas.

En este sentido, maestros, administradores e incluso escuelas enteras deben tomar medidas para hacer del proceso de enseñanza y aprendizaje una experiencia más democrática para todos, especialmente para los estudiantes. En lugar de simplemente enseñar la democracia como parte del plan de estudios, las escuelas necesitan "hacer democracia". Las aulas democráticas contrastan con las prácticas de enseñanza y aprendizaje más tradicionales y autoritarias. Se basan en los principios democráticos de control y poder compartidos entre estudiantes, maestros y, a veces, incluso líderes escolares. A través de esta asociación maestro-alumno, los estudiantes están capacitados para asumir una mayor responsabilidad por su propio aprendizaje y tienden a estar más motivados intrínsecamente.

Evidentemente, los profesores pueden emplear estas ideas en diferentes grados. Algunos maestros pueden emplear actividades de toma de decisiones compartidas cuando definen las reglas y los procedimientos del aula. En otras aulas, los estudiantes pueden asumir responsabilidades rotativas a lo largo del año para ayudar a administrar el aula, desde tareas generales de limpieza hasta facilitar votaciones sobre cuestiones curriculares.

Uno de los principales métodos de enseñanza que los profesores pueden utilizar para practicar la formulación de juicios y acciones con conocimiento de causa es la discusión y el debate de cuestiones controvertidas. Los investigadores han expresado la necesidad de explorar planes de estudio basados en temas que tratan las preocupaciones locales y globales (Hand & Levinson, 2012). En este sentido, el aula se convierte en un entorno abierto en el que se pueden abordar de forma constructiva cuestiones críticas que afectan a los alumnos y al mundo.

Las cuestiones controvertidas que requieren deliberación van desde las preocupaciones por el medio ambiente hasta las desigualdades inherentes a las divisiones sociales, raciales, de género y de clase (Oliveras Del Río, Vigo Rivera, Johnson, Rivera Peña & Silva Martínez, 2018; Jaimes Márquez, Galvis Velandia & Caucali García, 2019). Dentro del entorno respetuoso del aula, los alumnos necesitan oportunidades para conocer las múltiples perspectivas relacionadas con los temas controvertidos, debatir estas perspectivas en un marco de colaboración, formular opiniones y, posiblemente, emprender acciones basadas en estas opiniones. Para el profesor, esto también puede significar que tenga que “utilizar la interacción tipo debate como medio para conducir a los alumnos hacia el conocimiento que se les ha encomendado impartir” (Hand & Levinson, 2012, p. 617).

Un enfoque más holístico de la educación cívica permitiría a los estudiantes disponer de más tiempo para profundizar en el corazón de los problemas cívicos y en el efecto dominó de esos problemas en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, no basta con saber cómo está estructurado el gobierno. Para que los jóvenes se sientan atraídos por una vida de compromiso cívico, necesitan tiempo para examinar cosas como por qué el sistema gubernamental funciona de la manera en que lo hace y los desafíos inherentes a ese sistema. Debido al actual clima político polarizado a nivel internacional, los estudiantes pueden beneficiarse de la discordia examinando las complejidades de nuestro sistema y cómo mirar objetivamente los diferentes lados de las cuestiones.

Adicionalmente, fuera del aula los estudiantes pueden participar en el gobierno de la escuela en una variedad de contextos: el consejo de estudiantes, la personería estudiantil y el consejo disciplinario, por nombrar algunos. Muchos estudiantes tienen buenas ideas sobre cómo mejorar sus escuelas, y pasarán a la acción cuando se les dé la oportunidad de realizar un cambio que sea importante para ellos. Hay que permitir que los alumnos practiquen sus habilidades cívicas dentro del entorno relativamente controlado del aula y dentro de las paredes de la escuela. Aquí pueden aprender de los retos y los triunfos, las respuestas y los fracasos, todas las variadas realidades del proceso democrático.

Si aspiramos a cultivar generaciones de jóvenes que deseen desempeñar papeles vitales en la democracia de sus naciones, proporcionarles una educación cívica de calidad es inamovible. La forma de conseguirlo, lamentablemente, no es tan sencilla, pues todas las instituciones de educación deben hacer de la educación cívica de calidad una parte integral de la experiencia educativa de todos los niños, y otros pueden extraer valiosas lecciones de su renovado compromiso con la creación de ciudadanos informados y apasionados que puedan afrontar los retos de la vida real. Sin embargo, hemos llegado a un punto de inflexión en lo que respecta a la educación cívica. O tomamos medidas concretas para cultivar una juventud más comprometida cívicamente, o nos arriesgamos a perder la democracia (Campbell, 2006).

Democracia escolar y fortalecimiento de las instituciones democráticas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En septiembre de 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, la agenda demuestra el compromiso internacional de lograr un desarrollo sostenible a nivel mundial en su dimensión social, económica y medioambiental (Naciones Unidas, 2015). Lo que hace que los ODS sean especiales es la amplia aceptación y el compromiso de la comunidad internacional, la definición exhaustiva del desarrollo sostenible en sus diferentes dimensiones, que se puede medir a través de 232 indicadores, y la comprensión de que estos objetivos de sostenibilidad son universales, integrados e indivisibles. La aparición de los objetivos puede entenderse en el contexto de los problemas mundiales que surgen a raíz de los procesos de globalización y de la creciente interconexión mundial, y como respuesta a ellos.

Sin embargo, la aplicación de la Agenda 2030 plantea retos para los distintos agentes a diferentes niveles. La investigación sugiere que la complejidad y la interrelación de los 17 ODS requiere una formulación de políticas integrada, holística y coherente en la que la toma de decisiones, la aplicación y el seguimiento impliquen a actores del sector público y privado, así como a la sociedad civil (Fu et al., 2019). Por ello, la gobernanza de los ODS debe fomentar un entorno propicio para la acción colectiva, garantizar que los actores implicados rindan cuentas y abordar las complejas compensaciones emergentes entre los objetivos. En este contexto, la gobernanza es un aspecto fundamental para la sostenibilidad.

La gobernanza es cómo se llega a actuar, a través de qué tipos de interacciones (deliberación, negociación, autorregulación o elección autorizada) y el grado de adhesión de los actores a las decisiones colectivas (Stoker, 2018). Implica el nivel y el alcance de la asignación política, la orientación dominante del Estado y otras instituciones y sus interacciones. Las estructuras de gobernanza organizan los procesos de negociación, determinan los objetivos, influyen en las motivaciones, establecen normas, realizan funciones de asignación, controlan el cumplimiento, imponen sanciones, inician o reducen los conflictos y resuelven las disputas entre los actores.

Entre tanto, en el marco de los ODS el reto más importante es garantizar que los regímenes de gobernanza con múltiples actores incorporen la capacidad de coordinación, dirección y reorientación orientada a la sostenibilidad. Está claro que es razonable y apropiado reconocer que las organizaciones empresariales, los grupos de la sociedad civil y los ciudadanos, así como los gobiernos formales, tienen papeles que desempeñar y ya son actores relevantes. Encontrar formas de garantizar que todos estos actores actúen de forma coherente, eficaz y con cierta eficiencia en la búsqueda de la sostenibilidad exige unas ambiciones mucho mayores y subraya el papel crucial de las instituciones informales.

Para lograr un cambio en las instituciones de gobernanza, como los hábitos y las rutinas, es necesario identificar los niveles en los que se desea el cambio, la escala territorial en la que se va a aplicar el cambio deseado y a través de ella, y los sistemas que probablemente se verán afectados debido al cambio deseado. El reto consistirá en encontrar la forma de establecer regímenes de gobernanza que tengan una coherencia razonable de visión y compromiso, que gocen de confianza y rindan cuentas, y que tengan suficiente capacidad de coordinación, dirección y reorientación. En este sentido, dado que las instituciones de educación abarcan una amplia gama de aprendizajes, pueden tener un gran impacto en la gobernanza sostenible a través de la educación cívica. De hecho, se puede decir que los ODS no se lograrán sin instituciones educativas orientadas a la educación cívica.

Lastimosamente, el concepto de desarrollo sostenible se sigue considerando en casi todos los niveles políticos como un programa para continuar con los retos medioambientales. Por ello, para abarcar el alcance de la actuación sostenible con sus problemas globales medioambientales, sociales, culturales, políticos y económicos y sus consecuencias, es necesario desarrollar conciencia cívica, ya que dicha conciencia en la resolución de los problemas en general es también una condición para cambiar los malos hábitos en los patrones económicos, medioambientales y políticos.

Este aspecto de la educación cívica para el desarrollo sostenible conduce también a una manera valiosa de cambiar las actitudes de aprendizaje perjudiciales en consonancia con la sostenibilidad. Por lo tanto, sugerimos que los criterios para el éxito de la buena gobernanza son los procesos de aprendizaje a partir de experiencias inmediatas en situaciones de la vida cotidiana, en conexión con la orientación en la acción y la integración de los contenidos, que debe ser enseñado, en el contexto de la educación básica. El camino hacia una mayor conciencia de la sostenibilidad pasa por la educación cívica, que también se debe comprender como un instrumento importante para superar los problemas desde un punto de vista global, tal y como nos muestran los ODS.

Educación cívica para el fortalecimiento de las democracias sostenibles en América Latina y el Caribe

Siguiendo con la discusión, esta sección se centra en las formas de fortalecer la democracia y los desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe. Mainwaring & Scully (2008) introdujeron el concepto de gobernanza democrática. Se refiere a la capacidad de los gobiernos democráticos para crear políticas que mejoren el bienestar de la sociedad. Es un aspecto descendente relacionado con el desempeño del Estado, comprueba los resultados de las políticas implementadas y su eficacia. Según los autores, uno de los retos a los que se enfrentan los países de América Latina y el Caribe es originar una gobernanza democrática que sea eficaz, ya que la historia de la región ha demostrado que no existe una fórmula perfecta y única que funcione para la región, específicamente para su estabilidad democrática.

Tras más de una década de gobiernos democráticos en la mayor parte de América Latina y el Caribe, la era posterior al autoritarismo está siendo objeto de un intenso escrutinio para evaluar el compromiso de los ciudadanos con las instituciones y prácticas democráticas (McCoy, 2007). Esta preocupación ha cobrado urgencia dado que las tendencias populistas y autoritarias siguen siendo evidentes en la región, especialmente en un momento en que los resultados económicos son pobres, con el consiguiente aumento del desempleo, la pobreza y el malestar social (de la Torre, 2014). Además, las cohortes de jóvenes se están criando y educando en este contexto rápidamente cambiante, caracterizado por las influencias a menudo conflictivas de los legados autoritarios del pasado y las exigencias de la democracia moderna. Por lo tanto, el estudio de la socialización política en periodos de transición puede ofrecer valiosas perspectivas sobre el papel de la educación en el proceso de consolidación de la democracia.

Existe una suposición subyacente de que la pluralidad en la participación política es un factor esencial (Escobar, 2017), pero no suficiente, para una democracia de alta calidad. En un régimen político, la calidad de la democracia es diferente del nivel de democratización. Para medir la calidad de la democracia, Altman & Pérez-Linan (2010) destacan tres dimensiones que deben observarse. La primera es los derechos civiles efectivos, que requieren la participación de las masas y la libre oposición a la élite gobernante. La segunda es el derecho a participar en el proceso democrático, y la tercera es la competencia efectiva del proceso. Cualquier violación de estas dimensiones puede socavar la calidad y sostenibilidad de la democracia.

Dichas dimensiones pueden hacer parte de los sistemas de participación escolar. Normalmente, se asume que el único propósito de introducir la democracia en la escuela es que los alumnos expresen sus puntos de vista y que sus deseos se implementen en el entorno escolar. Sin embargo, esto tiene un efecto de gran alcance. Es posible involucrar a los estudiantes en los en las dimensiones descritas por una serie de razones que incluyen:

a. Protección de los derechos: los derechos de los jóvenes y los estudiantes en las escuelas son prácticamente inseparables. Sin la capacidad de elegir si asistir o no a la escuela, disfrutar de la libertad de expresión o determinar cómo, qué y por qué aprenden lo que hacen, la idea de crecer en una democracia puede parecer irrelevante.

b. Participación de las masas: cuando las normas y los valores de la escuela son formados tanto por los profesores como por los estudiantes, se crea un ambiente de trabajo más cooperativo y se aprovecha el peso considerable de la opinión de los alumnos en contraposición a la orientación autorizada que solo provoca la rebelión entre los estudiantes.

c. Competencia efectiva: los estudiantes saben mucho sobre los problemas que les afectan, más que los profesores en algunos casos. Tales áreas donde los estudiantes tienen conocimiento experto incluyen; problemas de bienestar de los estudiantes, problemas de disciplina, acceso a actividades extracurriculares, sus relaciones entre ellos.

Aprender a debatir sobre temas de interés es una experiencia educativa importante y ayuda a desarrollar la confianza en los estudiantes, por lo tanto, construye un sentido de autoconciencia. A los estudiantes se les debe permitir articular sus problemas, desarrollando así sus habilidades de liderazgo desde una edad temprana.

Existen, pues, dos mecanismos a través de los cuales se transmite el conocimiento político, cada uno de los cuales se especializa en un tipo de información diferente. Uno está constituido por la educación formal que enseña sobre la democracia y las elecciones tal y como aparecen en las constituciones y en un sentido relativamente idealizado, además de la participación política a nivel escolar. Sin embargo, hay un segundo mecanismo a través del cual los estudiantes también aprenden, y es la "política real" de la vida cotidiana, lo que los jóvenes ven en las calles o escuchan en las conversaciones familiares. En resumen, existe un conflicto entre el discurso de la democracia que se enseña en la escuela y la realidad de la vida política cotidiana.

En este sentido, las escuelas parecen tener muchas oportunidades de fomentar el conocimiento cívico para eliminar dicho conflicto. Es importante la reforma de los planes de estudio que incluya un conjunto de declaraciones explícitas sobre contenidos significativos. Preparar a los profesores para mantener el debate en clase parece tener potencial, al igual que las reformas de la cultura escolar que hacen que los alumnos sientan que su participación puede marcar la diferencia.

Un entorno escolar bien formado y dinámico puede fomentar los hábitos democráticos incluso frente a las presiones externas para ajustarse a fines estrechos (especialmente en la vida política cotidiana). El entorno puede hacerlo, en parte, si los educadores discuten estas mismas presiones con los alumnos y los padres. En un sentido más amplio, la escuela puede fomentar los hábitos democráticos a través de una conciencia de ellos que, idealmente, impregnaba todas las aulas. Son hábitos que informan sobre cómo los escolares (profesores y alumnos en interacción) configuran los entornos y las situaciones, por un lado, y cómo se comportan dentro de los entornos y las situaciones, por otro. Son hábitos que llevan a los participantes a acoger lo inesperado, lo nuevo y lo desafiante, en lugar de huir de ellos hacia la ciudadela de un yo o sub comunidad fija y cerrada.

Dichos hábitos giran en torno a la interacción y, como se ha destacado anteriormente, a la comunicación en el aula de clase. Permiten a los jóvenes participar en la vida democrática, entendida no como un conjunto de instituciones políticas en sí, sino como un modo de vida asociado, de experiencia comunicada conjunta que abarca, y surge de, formas de investigación continua e incluyen hábitos de escuchar de forma reflexiva a los demás. Algunos profesores educan a los alumnos para que no levanten la mano mientras alguien está hablando, ya que ese gesto físico disminuye (aunque sea modestamente) su escucha activa, dado que la mano levantada desencadena emociones y pensamientos anticipados, en lugar de una atención plena a los demás (Abdullah et al., 2012).

Los hábitos democráticos incluyen aprender a hablar en el aula y en la escuela para que los estudiantes aprendan a considerarse participantes en lugar de meros espectadores de sus vidas en la escuela. Estos hábitos también abarcan el aprendizaje de la cooperación y la colaboración con los demás, actividades que, a su vez, intensifican la formación de hábitos de escucha atenta y de habla deliberada y reflexiva. Estos hábitos permiten a los estudiantes comunicarse de forma responsable sobre su experiencia en la escuela, el aula y el mundo en general. Los equipan para deliberar sobre lo que hacen y por qué lo hacen.


Conclusiones

La relación entre democracia y globalización ha sido el centro de importantes debates políticos y académicos. Algunos argumentan que la democracia y la globalización van de la mano, lo que sugiere que las transacciones internacionales irrestrictas conducen a una mayor transparencia y responsabilidad política, y es probable que las sociedades políticamente libres tengan restricciones mínimas sobre la movilidad de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. Otros argumentan que la relación causal debería invertirse: es más probable que las democracias tengan mercados cerrados y viceversa.

Aunque el creciente impulso de la globalización en la economía mundial ha coincidido con la expansión de la democracia política entre países, la creciente interdependencia económica y los efectos indirectos que produjo dieron paso al auge de los actores internacionales no estatales. Las empresas transnacionales se han convertido gradualmente en los símbolos de los nuevos centros de poder en la economía internacional. Estas entidades operan más allá de las fronteras estatales, aunque persiguen sus propios intereses, no los intereses nacionales de los Estados a los que formalmente pertenecen, y el Estado, como actor internacional principal, se encuentra rodeado de competidores dispuestos a ofrecer reglas y normas alternativas para la política mundial.

En este sentido, la globalización desafía la suficiencia de la administración pública contemporánea para fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos. Por lo tanto, se sugiere que la educación cívica constituye una herramienta fundamental para promover la participación política, fundamentada en principios democráticos que deben adquirirse en los entornos educativos (tanto al interior como al exterior de las aulas de clase).

La educación cívica tiene que cumplir el objetivo de la sensatez política. En este sentido, se trata no solo de la transmisión de conocimientos fácticos, sino también de la comprensión de las coherencias pragmáticas entre política y democracia. Además, los estudiantes deben comprender la educación cívica como una herramienta para la libertad de expresión y fomento de la participación, apoyando el desarrollo de actitudes, opiniones y valores políticos, ya que la cultura política es un consenso básico para la existencia y la calidad de la democracia, que incluye el interés por las cuestiones sociales y políticas.

En resumen, la educación cívica debe ocuparse de alinear al individuo para que encuentre un camino en las turbulencias políticas, económicas y sociales de la vida política, siendo un medio para la defensa y el desarrollo de la democracia y la gobernanza sostenible. La participación de una cultura política democrática, así como la mediación entre individuos, instituciones y organizaciones sociales son tareas necesarias de la educación cívica.

Aunque son muchos los factores que desempeñan un papel importante en el desarrollo, siempre se ha reconocido que la buena gobernanza es una herramienta fundamental para avanzar en el desarrollo sostenible y también se considera un elemento crucial que debe incorporarse a las estrategias de desarrollo. La buena gobernanza promueve la responsabilidad, la transparencia, la eficiencia y el estado de derecho a todos los niveles y permite una gestión eficiente de los recursos humanos, naturales, económicos y financieros para un desarrollo equitativo y sostenible, garantizando la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. La buena gobernanza y el desarrollo sostenible son dos conceptos íntimamente ligados. La buena gobernanza no garantiza el desarrollo sostenible; sin embargo, su ausencia lo limita gravemente y puede, en el peor de los casos, impedirlo.


Referencias