Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro

ISSN: 2422-1783

ISSN: 2422-2518 (En línea)

Nubia Barrera Silva^a

Recibido: 16-07-2015 Aceptado: 19-09-2015

https://doi.org/10.22463/24221783.2276

El tema de este artículo corresponde al hecho histórico más importante en más de medio siglo en la historia de Colombia, no solamente por la firma del Acuerdo Final de Paz en Bogotá (2016), sino por la reconstrucción del sector agrícola del pequeño y mediano propietario en las regiones de Colombia. Aunque su ejecuciónestárodeada de grandes fisuras, dificultades y un recrudecimiento inesperado de la violencia contra la vida del campesino, el Pacto Agrario está inscrito en el marco de la Constitución Nacional, el Gobierno y el Estado. En respuesta a desafíos y alternativas del momento histórico,el habitante rural víctima del conflicto armado, cuenta con apoyoy asistencia técnicadecentros de investigación de organismos internacionales en cooperación con entidadesdel sector agrícolanacional, ayudando al Gobierno a elaborar políticas de respuesta al cambio climático. Si bien existen impredeciblesconflictos en torno a la restitución de tierras piedra angular en la reconstrucción del campo,también existe en los líderes sociales una profunda conviccióny voluntad inquebrantableen impulsar el desarrollo agrícola en términos de soberanía y seguridad alimentaria.

Palabras clave: Sector agrario campesino, latifundio, cambio climático, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria.

The theme of this article corresponds to the most important historical event in more than half a century in the history of Colombia, not only for the signing of the Final Peace Agreement in Bogotá (2016), but also for the reconstruction of the agricultural sector of the small and medium owner. in the regions of Colombia. Although its execution is surrounded by great fissures, difficulties and an unexpected upsurge of violence against the life of the peasant, the Agrarian Pact is inscribed within the framework of the National Constitution, the Government and the State. In response to challenges and alternatives of the historic moment, the rural inhabitant victim of the armed conflict, has support and technical assistance from research centers of international organizations in cooperation with entities of the national agricultural sector, helping the Government to develop policies to respond to change climate. While there are unpredictable conflicts over land restitution, the cornerstone in the reconstruction of the countryside, social leaders also have a deep conviction and unwavering will to promote agricultural development in terms of sovereignty and food security.

Keywords:Peasant agrarian sector, latifundia, climate change, food security, food sovereignty

La firma del Acuerdo Final de Paz (2016, Teatro colón. Bogotá) significó una luz de esperanza hacia la construcción de nuevos escenarios de paz, aunque para todos era evidente que no seríafácil. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia después de la reubicación de los excombatientes de las Farc en las 26 Zonas Veredales Transitorias y posterior entrega de las armas a la ONU, se evidenció ante la sociedad colombiana la verdadera dimensión del poder de latifundistas de monocultivos y de ganadería extensiva,que día a día,con diferentes estrategias obstruyenlapuesta en marchadel Pacto Agrario. Sin embargo, en territorios de regiones biogeográficas apartadas, las víctimas delconflicto armado mantienen la convicción y la fuerza inquebrantable en la creación decondiciones propicias parael desarrollo rural integral en los términos pactados en La Habana. Así, pues, el Pacto Agrario se propone garantizar el ‘acceso integral’: “que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica, apoyo a la comercialización y a los demás activos que necesitan los productores rurales para vivir de la tierra” (2016, p. 8).

Ahora bien, “vivir de la tierra” también significa desde la economía solidaria y la creación de formas asociativas de trabajoenraizadasen la tradición campesina,contribuir a laseguridad y autonomía alimentariaal resto de la sociedad colombiana. El desarrollo deactividades agroforestales de conservaciónen pequeñas y medianas propiedades, viabilizamayor resilienciaen ecosistemas agrícolas que responda asertivamente a la variabilidad del clima. Para este propósito, los Programas de Desarrollo con enfoque territorial, permitirá a las comunidades elaborar sus propios planes de acción encaminados a lareconstrucción dela economía en las regionescon políticas de desarrollo sostenible en concordancia con la Constitución Nacional. Finalmente, este artículo trata de responder: (i)Aunque el Gobierno no muestre la voluntad política que demanda la agilización del Pacto Agrario, reconocidos Centros de investigación nacionales-internacionales de la agricultura de conservación y la tradición agrícola del campesino avanzan hacia la adaptación al cambio climáticodevariedades y productos básicos de la alimentación colombiana.(ii)Las ZRC con apoyo del Estadocontribuyena la nación colombiana la soberanía, autonomía alimentaria y la conservación de los bienes comunes.

Para este artículo, se acudió a la consulta por internet de informes de investigación de ONG especializadas en estudios de conflictos armados globales, de DD.HH.; de la ciencia del cambio climático y de laagricultura rural en bases de datos y páginas WEB decentros de investigaciónnacionales-internacionalesy universidades comprometidas con la Reforma Rural Integral del campo. La triangulación de la información fue uncriterio básico de selección entre multiplicidad de datos en páginas WEB, periódicos y revistas semanales en línea sobre hechos cotidianos en torno a las percepciones del Acuerdo Final de Paz. De otra parte, se seleccionaronlas siguientes categorías: conflicto armado, pacto agrario, soberanía, seguridad alimentaria, campesino,desastres, adaptación al cambio climático. Conviene resaltar, que la categoría campesinoen este artículo, se extiende a los pueblos indios y población afro, a pesar de existir diferencias socioculturales bien significativas entre ellos. La metodología es de síntesis.

El conflicto central recae en la restitución de tierras, Quintero(2016), denuncialaLey 133 de 2014, relacionadaconlas ‘Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico’ (ZIDRES) en beneficio del sector agronegocios de monocultivos y de ganadería extensiva.Según los expertos, se redactó en favor del latifundio, opuestoa las disposiciones de la Ley 160 de 1994 para la creación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). En Colombia, la posesión de la tierra es alarmante;las estadísticas han clasificadoel país entre los más desiguales de América Latina y con mayor desplazamiento forzado, incluso de Siria. “El 1 por cientode las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícola de más de 500 hectáreas) manejan más del 80 por ciento de la tierra, mientras que el 99 por ciento restante se reparten menos del 20 por ciento” (Desde Abajo, 2017, septiembre). El problema se agrava con las cifras que presentan Torres, Rocha, Melo, &Peña (2015) en indicar que 20.3 millones de hectáreas han sido destinadas para la exploración y explotación de minerales estratégicos por cuenta de las AEM; representando todo ello un 25% del territorio nacional (p. 58).

Así que, la intrusióndel sector privado en la adquisición de tierras,segúnRettberg (2009, citado en Prandi & Lozano), como beneficiario e incluso como promotor de conflictos armados, recomienda se identifique, desmantele y se cambien las estructuras asociadas a privilegiosilícitos. Esta recomendación suponeel diseño de incentivos que facilitala aceptacióndel cambio desde las condiciones de alineación en la negociación comprometida en el proceso. En Colombia así como en Guatemala, algunos integrantes del sector privado, a pesar de sucontribución real o supuesta al recrudecimiento de conflictos, también tienen un rol en el aporte de recursos humanos y materiales, dinero y conocimientos de administración para proporcionar los fundamentos para una paz duradera.

En Colombia, la mitigación del cambio climático (CC) no figura entre las prioridades del Gobierno y de sectores productivos del pais e indiferencia de gran parte de la sociedad en su conjunto. Se refleja en la carencia de responsabilidad ambiental aunque disponede la mejor legislación ambiental en actividades de conservación de los RNNR y prevención de riesgos. Las entidades del Estado solo actúan en emergencias por inundaciones, deslizamientos, tormentas y vientos y sequías con mayor impacto en los habitantes hacinados en territorios inhóspitos en regiones perifericas. El uso indebido de la ocupación del suelo; dela biodiversidady de lascuencas hidrográficas sitúanel país entre los más afectados por el CC.

Tabla N°1. Tipo de eventos de origen climático en Colombia

*Muertos y desaparecidos. **Muertos, desaparecidos, heridos, afectados y damnificados. ***Viviendas. Fuente: Tomado de la Tabla N° 18. “Caracterización de los desastres de origen climático en Colombia (1970-2010”. (BID, CEPAL&DNP. 2014, p. 115).

En la tabla anterior, prevalecenlas inundaciones con 79,1% de pérdida de viviendas,enseres domésticos, cultivos y animales. Asu vez, han generadoel 65,4% de pérdidas de vidas humanas, heridos y damnificados. De otra parte, el 85% corresponde a mayor frecuencia de desastres de origen climático entre 1970-2010 en el país; el 95,3% es originado por exceso de lluvia con respecto al 4,7 restante concernientea lassequías. Para Des inventar(citado por laBID-CEPAL&DNP, 2014), la población rural en destierro forzado hacia zonasde alto riesgo, es la que máspadece la tragedia de los desastres socionaturales. De otro lado, las tierras desalojadastambién están sometidas a daños e impactos ocasionados porla sustitución de policultivos alimenticios y de actividad forestal por la de ganadería extensiva,monocultivos de palma africana oexplotación de minerales. De esto resulta,la ganadería extensiva contribuye con 32.5por cientoen la generación de gases de efecto de invernadero y representa el 20 por ciento del PIB agropecuario (DANE). Dentro delos pronósticos del CC, se prevélageneración deestrés calórico y declivedela explotación ganaderaconpérdidasirremediablesdelsuelo con vocación agrícoladebido ala sustitución de bosques naturales por pastizales con tendencia a la potrerización extensiva. Se añade, la deforestación y erosión del suelo; la urbanización descontrolada y la ausencia de aplicación de políticas de prevención y mitigación de desastres naturales.

Para conocer la magnitud de la variabilidad del clima en Colombia, el documentoABC del DPN-IDEAM, presenta pérdidas asociadas aeventos climáticos del fenómeno de La Niña (2010-2011): “enparques naturales $500 millonesdepesos;pérdidastotalesdebidasainundacionesenlasactividades pecuaria, avicultura, acuicultura e infraestructura en finca valoradas en$759.893 millones de pesos; proliferación de infecciones respiratorias agudascon470 casosdemuertereportados porInfecciónDiarreicaAguda (IRA);daños en infraestructura de agua potable y saneamiento básicopor$525.867millonesdepesos(...)”(P. 7)

Nótese en particular que, Acción Social y la Unión Europea (2011) indican que la política del Gobierno en el diseño e implementación de las ZRC responde a la creación de estrategias productivas en correlación a las políticas medioambientalesyde conservación de los RNNRconcriterios de ordenamiento territorial yacatamiento de derechos constitucionales por parte dela población campesina, así como suparticipación activa en entidades de planificación y

decisión regionales.En el Plan Nacionalde Desarrollo-se presentandos disposiciones: (i)La prohibición de la explotación en zonas frágiles ambientales (páramos, humedades y zonas cercanas a arrecifes de coral); y (ii)El establecimiento de un Consejo de Tierras y Aguas a nivel nacional encargado de la articulación de políticas, definición de prioridades y abordaje de temas de étnicos y de comunidades negras relacionados con estos recursos.(Acción Social –UE, 2011)

De acuerdo a lo anterior,la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) (citada en Agricultura, Vulnerabilidad y Adaptación AVA), los departamentos de Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca en sus planes de desarrollo regional han integrado estrategias de fortalecimiento institucional y de gestión en el contexto de la variabilidad climática aumentando la capacidad de respuesta de los territorios (2013). Así mismo,La Cuenca Alta del Río Cauca es de importancia estratégica para el suroccidente colombiano y el país1Sin embargo, “debido a una inadecuada administración de los recursos ambientales y debilidad en los ecosistemas de sanidad, presenta serios problemas de contaminación hídrica y degradación del ecosistema circundante” (2013, p. 9).

El Proyecto AVAen Colombia, menciona los siguientes aportes en materia de políticaspor efectos del cambio climático:El agricultor que cambióel cultivo de café por eldeplátano; cosecha del fríjol experimental de CIAT cerca al Darién; caficultor recolecta cerezas frescas de café en la zona cafetera; oferta de variedades de papa en plazas de mercado; cacao cultivado en Andalucía norte del Valle del Cauca. (2013).

El modelo agroindustrial de la agricultura desde la “Revolución Verde, [está] basado en tres conceptos básicos: la productividad intensiva, concentrada y especializada; la ciencia y la investigación oficial vs el conocimiento tradicional; y la industria, como modelo de capitalización agraria y artificialización de la naturaleza” (López 2012, citado por Morote & Gómez, 2014, p. 131). En contraposición, la población rural está sumidaen la pobreza, la contaminación y degradación de ecosistemas asociada a la ausencia de satisfactores mínimos de subsistencia ante la carencia de límites en la explotación intensiva del suelo, situación agravada por una dependencia casi total del campesino alas grandes corporaciones en el suministro de insumos.

¹Ocupa una superficie de casi 25.000 Km2, representa el 20% de la población del país (9 millones) de los departamentos de Caldas, Cauca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, constituye, además, un eje socioeconómico muy dinámico en la economía del país, especialmente en materia de producción agrícola en 183 municipios. Prevalece la agricultura tradicional y cultivos de café, actividades forestales productivas y del sector manufacturero (AVA, 2013, p. 8).

Con todo y lo anterior, cada pueblo tiene derecho a determinar su soberanía alimentaria, que garantice el pleno acceso a los alimentos adecuados a la salud (Morales, 2006). Sin embargo, las grandes corporaciones de alimentos procesados arrinconan la soberania alimentaria de los pueblos en desarrollo. Verbigracia, la FAO coincide encuatro factores decisivos en la seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos suficientes y su acceso; regularidad en su abastecimiento y aceptabilidad cultural del alimento. No obstante, desde la agricultura rural-urbana, Jiménez (2012) propende la producción local de alimentos con base en autonomía alimentaria y la respectiva corresponsabilidad de la ciudadanía en la solución a los problemas alimentarios.

Por tradición ancestral, las comunidades locales regulan con eficiencia los bienes comunes, de acuerdo con Ortega (2013), en beneficio del aprovechamiento y conservación de la naturaleza por residir en éstos recursos las fuentes de subsistencia a diferencia del Estado muy distante de las prácticas agrícolas. Desde esta visión, la regulación colectiva permite a las autoridades locales emprender seguimientos rigurosos e impartir sanciones inmediatas a los infractores por desacato a su cuidado y conservación, así como se registra en la tradición de los pueblos indios. Rowe (citado por Barlow)coincide endenominarlosámbitos comunes por situarse fuera del mercado económico y la institucionalidad del Estado. Son bienes intangibles que la población utiliza sin pagar ningún canón ni precio; incluyela biosfera, las culturas comopatrimonio subjetivo y del pensamientoque identificaa los pueblos con rasgos de identidad compartidos, no solo ante sí mismo, sino ante los demás seres humanos. En este mismo sentido, elagua como bien común, conduce a la protección de las cuencas hidrográficas, las especiesy, a los demásseres humanos.

De manera análoga, es “la semilla fundamento de la cultura y soberanía alimentaria de los pueblos” (Grupo de Semillas, mayo, 2014, p. 76). Desde tiempos ancestrales también hace parte delpatrimonio común por ello circula librementecomo las ideas, ésta práctica impide a las grandes corporaciones el control a través de“patentes protección de ostentores vegetales”. Así, pues,es insostenible, la aplicación de la Ley 1032/2006 en modificar el artículo 306 del Código Penal, que obliga a los agricultores a utilizar semillas registradas, certificadas y criminalizar el usode semillas nativas. Sin embargo, las transnacionales tampoco han logrado sortear las dificultades provenientes de la complejidad de ecosistemas y variedad de concepciones y formas de gestiónmulticulturales propias de los habitantes en América Latina, así como la enorme biodiversidad integrada a los sistemas tradicionales de la agricultura que dificulta aniquilarlas y homogeneizar el sistema de semillas alimentarias (Grupo Semillas, 2014). Debido a estas características, existe la esperanza que la Ley de las Semillas no acabe con la agricultura local de las comunidades.

La escalada de conflictossociales,de contradictoresy el quiebre permanente de la institucionalidaden las regiones,se manifiestaen revesessin controlhacia los líderes de organizaciones sociales, especialmente de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; por lo tanto, es ineluctable seguir develandola dolorosa realidad del país, así como lo expresanlas estadísticas de la Agencia EFE“Un total de 156 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en los últimos catorce meses en Colombia, según informó este viernes la Defensoría del Pueblo”(2017, marzo 31), en su mayoría sonlíderes restituyentesy de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

En este orden de ideas, (i)Aunque la debilidad del Gobierno y del Estado no se traduzca en hechos de decididavoluntad políticaenla agilización del Pacto Agrario y la defensa de la vida de sus propios beneficiarios, reconocidos Centros de investigacionesasesorados por expertos dela Ciencia del Clima se han articulado a las instituciones de Gobiernoy sin escatimaresfuerzos, desarrollan metodologías y técnicas de conservaciónagrícola asociadaala tradición del campesino. (ii) Formulanpolíticas y propuestas deadaptación de cultivos tradicionales al cambio climático,sea de variedades o deproductos básicos de la alimentación colombiana.(iii)Las ZRC con apoyo del Estado en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz favorecenla soberanía y autonomía alimentaria y la conservación de los bienes comunes.

Financiamiento: El artículo corresponde al desarrollo del objetivo transversal del proyecto de investigación: Daños y catástrofes socioambientales en la era de la construcción de la paz en Colombia: una mirada desde la ConstituciónNacional (2016-2017). Enfoque de RSEcon recursos de la Corporación Unificada de Educación Superior.

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a. Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Grupo de investigación RS, Colombia, Correo: nubia_barrera@cun.edu.co